Un llamado a buscar solución a los severos impactos ambientales que está produciendo la construcción del túnel de La Línea, como la contaminación de quebradas y ríos, formularon las veedurías ciudadanas que intervinieron en la Audiencia Pública Informativa sobre este proyecto que celebró ayer en Armenia la Contraloría General de la República.
Según denunció José Ignacio Rodríguez, representante de las Veedurías Ciudadanas Vigilancia y Calidad Vigical, la megaobra está generando problemáticas asociadas a tres temas.
Están la contaminación de las quebradas y ríos por el agua que emanan los túneles; la falta de control sobre el depósito de escombros generado por los túneles; y la situación que implica la no inclusión de la compensación económica para los propietarios afectados por el proyecto.
Néstor Jaime Ocampo, director de la Fundación Ecológica Cosmos, de Calarcá, dijo que “no se está ejecutando el Plan de Manejo Ambiental; se está violando la licencia ambiental; y no se evidencia capacidad de control de las autoridades para evitar que persistan los problemas de tipo ambiental”.
Por su parte, el representante de Usocoello, Marcos Leiva, señaló cómo el Tolima es afectado por esta megaobra en el río Coello y otros afluentes, sin que se estén adelantando acciones para solucionar estos impactos ambientales.
Leiva solicitó a la Contralora Delegada para la Participación Ciudadana, Floralba Padrón Pardo, que se efectúe una audiencia en Espinal, para abordar el tema del túnel de La Línea.
Denuncias ante la CGR
La Contralora Delegada puso de presente como entre 2010 y 2015, la Contraloría ha recibido denuncias y peticiones referentes a problemas en afluentes de aguas, quebradas y nacimientos, al parecer ocasionados por las obras que se adelantan.
Asimismo, el deterioro de las calles por el continuo paso de volquetas de más de 20 toneladas; contaminación por el polvo; y continuos accidentes a raíz de las obras adelantadas.
Las denuncias allegadas insisten en el impacto ambiental ocasionado por las obras del proyecto y los daños causados a algunos predios. También se mencionó posibles irregularidades en la ejecución de recursos provenientes del uno por ciento por concepto de compensación por las obras de proyectos de infraestructura nacionales, como la doble calzada y el túnel de La Línea.
Además, agregó la Contralora, se evidencia preocupación de la comunidad por el nuevo trazado de la obra, que cruzaría sobre los predios de la sede educativa San Rafael.
Otros temas de denuncias elevadas ante la Contraloría tienen que ver con contratación, prevención y atención de desastres; administración del recurso humano, irregularidades en administración o fondos públicos, y conservación de bienes y recursos.
Compromisos
Al término de la Audiencia se suscribió un acta de compromisos entre algunos de los participantes. En el caso del Invías, su director, Carlos Alberto García, se comprometió a “cumplir el objetivo de llevar a feliz término el proyecto, tomando los correctivos necesarios”.
A su vez, el compromiso del interventor del contrato (Consorcio DIS S.A. – EDL Ltda.) es culminar con los estudios y diseño de equipos electromecánicos, en coordinación con Invías.
La Contraloría para la Participación deberá efectuar en noviembre próximo una audiencia de cierre al cumplimiento de los compromisos, según el cronograma de metas físicas del acuerdo conciliatorio sobre el contrato 3460 de 2008.
Otras denuncias
Los campesinos de la región han elevado también múltiples quejas ante la Defensoría del Pueblo debido al desabastecimiento de agua, dijo la defensora del Pueblo regional Quindío, Piedad Correal Rubiano.
Mencionó, por ejemplo, la queja de campesinos de la vereda La Línea en el sentido de que la quebrada La Gata se seca por infiltración de sus aguas hacia el túnel, situación que afecta a mil 200 habitantes.
También ha habido denuncias relacionadas con las quebradas El Salado, San Rafael y El Naranjo.
Uno de los compromisos suscritos por el director del Invías es enviar a la CGR y la Defensoría del Pueblo el estudio de cómo se va a levantar el lecho de la quebrada La Gata.
A su vez, la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) tiene el compromiso de emitir el permiso de vertimientos a dicha quebrada, el cual será condicionado a que se cumplan los objetivos de la fuente hidríca con descarga al río Santo Domingo.
El delegado de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) en la Audiencia, Jorge Idárraga, se refirió al tema de los impactos ambientales del proyecto.
Y a las acciones adelantadas por esta entidad e hizo referencia concreta a las evidencias que determinan el deterioro de la quebrada La Gata y, en consecuencia, de la quebrada El Salado y el río Santo Domingo.
Entre las medidas que ha adoptado la Anla están la suspensión inmediata de la construcción de obras y actividades en algunos tramos del proyecto y la apertura de procesos sancionatorios que siguen su curso, indicó. En este momento existen dos expedientes que vinculan al Invías y al consorcio Unión Temporal II Centenario, precisó.
Por su parte, Alejandro Salcedo, jefe de sancionatorios de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) habló de dos procesos sancionatorios que ya fueron fallados, apelados y confirmados en segunda instancia: uno por dos mil 927 millones de pesos contra el Invías y otro por tres mil 80 millones de pesos contra la Unión Temporal II Centenario.
Fuente: www.elnuevodia.com.co
