Llegar a algunas de las zonas más apartadas del país, muchas de las cuales han sido golpeadas por el conflicto armado, fue uno de los objetivos de Invías en la estructuración de un paquete de obras que llegará al 80 por ciento del territorio y que garantizará además la conexión de pueblo remotos con el resto del país. El programa de obra pública fue adjudicado en cuatro meses y de los 57 proyectos, ya hoy están en ejecución 12. En enero de 2016 iniciarán el resto de las obras.
Así lo destacó la directora encargada del Invías, Ana María Aljure, quien hizo un balance cómo fue el proceso y de los retos que se le vienen a la entidad para 2016.
Durante cuatro meses ustedes adjudicaron 57 proyectos, ¿cómo fue el proceso?
“Todos los días publicábamos un proyecto, un pliego definitivo, una adenda, todos los días teníamos cierre y todos los días adjudicábamos. Había días en que adjudicábamos dos proyectos. Sin descanso”.
Ustedes anunciaron el paquete de adjudicaciones en pleno proceso electoral, ¿eso influyó en algo? ¿cómo garantizaron la transparencia?
“Las licitaciones públicas no están dentro de la prohibición que establece la Ley de Garantías, todo lo que es por licitación pública no está prohibido, lo que sí está prohibido es la contratación directa y los convenios interadministrativos, entonces, para el efecto era irrelevante si estábamos o no en un año electoral”.
Eso es claro, pero insisto, ¿no recibieron algún tipo de presión de las alcaldías por ejemplo a la hora de seleccionar algún trayecto?
“Nosotros nos hemos caracterizado por ser una entidad que estructura proyectos y el tema de la transparencia para nosotros no es menor. Por esa razón, implementamos, bajo la tutela del director general Carlos García —quien se encuentra recuperándose de quebrantos de salud—, una serie de estrategias como por ejemplo la publicación del cronograma y teníamos un control por parte de los medios de comunicación quienes estaban pendientes de las adjudicaciones. De igual manera, hubo mucho contacto con los funcionarios, con los gremios, con la Agencia Nacional de Contratación. Hicimos un trabajo muy en equipo que desde siempre estuvo coordinado por la Vicepresidencia. No recibimos presiones de ninguna índole. Ahora, todo mundo quiere que sus obras sean las prioritarias, pero nosotros hicimos una análisis previo que estuvo coordinado por el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el director García quienes priorizaron las obras. Se hizo un trabajo de campo que tardó meses en los que nuestros funcionarios verificaban el estado de las vías. Nuestra estrategia principal fue la priorización de proyectos que había que terminar y también nos concentramos en algunos tramos que son claves para la conectividad del país”.
¿Quiénes van a construir esas vías?
“Tenemos empresas extranjeras y colombianas. Se presentaron 1.924 empresas y el 99 por ciento eran consorcios que estaban integrados, en su gran mayoría, por empresas colombianas aunque también hay extranjeras”.
¿Cuál es el interés de los extranjeros en estas vías?
“Nuestro país está viviendo un revolcón en la infraestructura y la transparencia de los procesos les da confianza. Por esa razón, los extranjeros sienten que Colombia está dando todas las garantías para participar. Nuestro programa de obra pública fue el más ambicioso que ha impulsado el Gobierno Nacional al invertir 4 billones de pesos en obra pública, eso nunca se había visto en la historia del país”.
Además de obras de mantenimiento y de rehabilitación, ¿habrá construcción?
“Sí, hay construcción. Tenemos la construcción de la doble calzada Cartagena-Barranquilla que son 13 kilómetros, también se construirá Rumichaca-Variante sur de Ipiales y también K15-Ye de Morales-Tierralta en Córdoba”.
Más allá del trabajo de campo que ustedes hicieron para la selección de los corredores, ¿cómo hicieron para seleccionar de toda la red vial 57 tramos?
“Impactamos la red vial de 26 departamentos, es decir el 80 por ciento del país quedó con proyectos de obra pública, habrá obras. El principal factor para que se escogieran estas vías fue que en muchas de ellas había que culminar proyectos que ya habían iniciado y el otro factor es que hay que garantizar la conectividad con los proyectos de concesión. Le pongo un ejemplo, tenemos el trayecto Buga-Buenaventura en el tramo Citronela-Altos de Zaragoza ahí nos faltaban 800 metros para que 10 kilómetros del tramo estuvieran en perfecto estado. Por eso, esa vía quedó priorizada porque hay que terminarla. También teníamos un tramo pendiente en la vía Medellín-Quibdó, ese también lo haremos y el corredor quedará listo. Nuestro objetivo, más allá de un asunto de conectividad, es llegar a esos lugares en conflicto que muchas veces han estado abandonados por la presencia del Estado y con estas vías estamos diciendo: aquí está el Estado, aquí estamos trayendo un programa vial que va a traer progreso. Estamos convencidos que es un buen inicio para que algunas regiones encuentren la paz. Tenemos por ejemplo la vía Tame-Arauca, la recuperación del río Jiguamiandó por todo lo que implica llegar a un sitio tan lejano en Chocó y haremos presencia en la vía de los Montes de María por todo lo que sufrió la gente de este corredor vial”.
¿La apuesta es llevar concreto a lugares en los el Estado no ha llegado?
“¡Es más que eso!. No solamente es llevar concreto, no, nuestra apuesta es llevar equidad, llevar trabajo, llevar prosperidad. Queremos que la gente sienta que el Estado está haciendo presencia en muchos de estos lugares que por cuestión del conflicto han sido un poco abandonados. Entonces, insisto, nuestra apuesta es por la equidad, no queríamos llevar solo concreto, no, hay que llevar trabajo. Por esa razón hay unas obligaciones que tenemos específicas que están incluidas en los pliegos de condiciones. La pregunta que nos han hecho es ¿qué hay de equidad en una vía? Pues por esa razón en los pliegos de condiciones incluimos un punto que es social y es que garantizaremos que el 10 por ciento de la mano de obra no calificada serán reinsertados de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Con esto nos estamos adelantando al posconflicto porque estamos dando la garantía de que todos los contratistas tienen que emplear a reinsertados. También tenemos equidad de género y por eso en los proyectos de vías secundarias, el mantenimiento, como la poda, lo harán mujeres”.
¿Ustedes durante este proceso tienen considerados algunos cuellos de botella como las consulta previa y las licencias ambientales?
“No se nos van a presentar esos temas porque en su gran mayoría son obras de mejoramiento y ese tipo de obra no requiere licencias ambientales ni consulta previa. Frente a las obras de construcción, en su gran mayoría, ya tienen las licencias y las consultas como la vía Cartagena-Barranquilla ahí hay un concesionario que ya tiene las consultas”.
Lo pregunto porque el caso de la vía Medellín-Quibdó, justo el tramo que van a intervenir, hay una comunidad indígena…
“Sí, sí, ahí tenemos una situación particular, pero esto no se repite en todos los corredores, en su gran mayoría tenemos el tema de las consultas y de las licencias controlada”.
¿Cuándo empiezan las obras?
“¡Ya! ¡Ya arrancamos! Los proyectos con los que iniciamos fueron 12, algunos de los cuales son Rumichaca; Mayapo-Manaure; Granada-San Carlos; Astilleros-Tibú; Bahía Solano-El Valle, vía de acceso al aeropuerto Perales, ya aquí arrancamos la primera fase de preconstrucción, ya los contratistas están en las verificación y la revisión de los estudios y diseños. Los otros empiezan en enero porque muchos no tenían rubros en 2015 y por eso el acta de inicio será en 2016”.
¿Entregarán algunas de estas obras en 2016?
“Sí. Esperamos terminar Rumichaca, vía Samacá-puente de Boyacá, el tramo I Citronela-Altos de Zaragoza, Astilleros-Tibú y la trasversal de Cusiana que une Sogamoso con Aguazul. El 2016 será el año de la fase de preconstrucción y de obra”.
Fuente: El Colombiano
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