De igual manera, el consorcio PBH Ingenieros – Incosa S.A. cuyo representante legal es Pablo Emilio Bocarejo Hernández, realizaría la interventoría.
Los resultados del estudio deberán ser entregados en nueve meses. Sin embargo, la interventoría prestará acompañamiento dos meses posteriores a la entrega de los diseños y liquidación del contrato.
El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y los contratistas, se reunirán hoy en la primera mesa técnica para la elaboración del nuevo plan.
El Mandatario ya expresó que dicho estudio deberá estar orientado al peatón, luego a los medios de transporte públicos alternativos y posteriormente a los medios de transporte amigables con el ambiente.
Los contratistas
El Consorcio C&T está conformado por Tecnoconsulta y Cal y Mayor Asociados. Esta empresa fundada en México, inició en 1994 operaciones en Bogotá.
Registra contratos como consultora en el Ministerio de Transporte, Departamento Nacional de Planeación, Fondo de Adaptación, Alcaldía de Funza, Instituto de Concesiones de Cundinamarca y la Secretaría Distrital de Movilidad. Cal y Mayor estuvo a cargo de la formulación del Plan Maestro de Movilidad para Bogotá.
Por su parte, Tecnoconsulta está representada legalmente por el empresario, Abraham David Ordosgoitia Amín como consta en el Registro Único Mercantil (Rues) .
Como lo publicó Caracol Radio en septiembre de 2015, Ordosgoitia, quien fungía como representante legal de Daewo, al parecer, acordó el pago de una comisión de 4.600 millones con Óscar Salazar (un polémico contratista cercano a la administración de Gustavo Petro) para ganar con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la capital la compra de camiones de basura por más de $45 mil millones.
Además, Tecnoconsulta está consorciada con la consultora española Técnica y Proyectos (Typsa) que participó en el pago de ‘coimas’ a exservidores públicos para direccionar el contrato de consultoría de estudios y diseños de los XX Juegos Nacionales por 11 mil 500 millones de pesos.
La vinculación de ambas empresas, data desde 1997 para contratar en otras actividades de arquitectura e ingeniería y las conexas a la consultoría técnica.
La semana pasada la jefe Jurídica del Municipio, Gladys Gutiérrez dijo “no estamos lejos de que Typsa tenga el modus operandi de Odebrecht”, que como se ha ventilado pactó comisiones para adjudicarse millonarios contratos a través de consorcios.
Por otra parte, la firma interventora, consorcio PBH Ingenieros – Incosa S.A., lo conforman Pablo Emilio Bocarejo de Ingenieros Consultores & CIA e Incosa Sucursal Colombia.
Esta última firma, quien la representa Pablo Vega Prieto, efectuó la interventoría a las obras de la troncal de la calle 26 (avenida Jorge Eliécer Gaitán) y en la cual al Contraloría General profirió fallo de responsabilidad fiscal por $174 mil 996 millones por sobrecostos en la ejecución de los trabajos de la fase III de Transmilenio.
Aunque, la firma fue vinculada al proceso, fue declarada sin responsabilidad ya que advirtió a la administración de las irregularidades presentadas en el contrato de ejecución de obra.
No obstante, no deja de llamar la atención que de Incosa, originaria de España, hiciera parte el actual representante legal suplente de Typsa (Jorge Alberto Salamanca), quien sucedió en el cargo a Luis Rodrigo Uribe Arbeláez, testigo de la Fiscalía.
FUENTE: EL NUEVO DIA