|

Firma sancionada está tras nuevo cobro en revisión técnico-mecánica

Firma sancionada está tras nuevo cobro en revisión técnico-mecánica
Dentro de una semana, cuando ya corra el 2016, los propietarios de vehículos que tengan que someterlos a revisión en los centros de diagnóstico automotor (CDA) tendrán que pagar dos costos adicionales.

Además del pago unificado por las tarifas de revisión y del Runt, la Superintendencia de Transporte cocina un nuevo pago que corresponde al Sistema de Control y Vigilancia (Sicov) para los 366 CDA que hay en el país.

 La tarifa, según empresarios del sector, será fijada entre 15.000 y 25.000 pesos. Es decir, el negocio moverá al lo menos 200.000 millones de pesos año, que pagarán los dueños de 8,5 millones de vehículos que circulan por el país, entre carros y motos.

La Súper avanza en la revisión de documentos para homologar a las cinco compañías que pondrán a rodar el sistema de control.

Según los documentos, una de las candidatas para manejar el jugoso negocio es la Compañía Internacional de Integración S.A. (CI2), cuyo gerente es Julio Enrique Sánchez Rangel.

EL TIEMPO estableció que se trata de la misma empresa y gerente sancionados, en el 2012, por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

De acuerdo con el expediente, la sanción tiene que ver con una millonaria licitación para suministro de tecnología al Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), en la que, según una investigación de la SIC, los representantes legales de ocho empresas –entre ellas, Andcom, la antigua razón social de CI2– hicieron un acuerdo para sacar de carrera a otros competidores.

El 14 de septiembre del 2012, la SIC les impuso a cada una una multa de 300 millones de pesos y a sus representantes legales los sancionó con 60 millones de pesos.

Por ese antecedente, ya se le pidió a la Superintendencia de Transporte que revise una posible inhabilidad.

Dentro de este proceso, también hay denuncias sobre accionistas de los llamados centros de diagnóstico que tienen intereses directos en las empresas que los van a monitorear.

Uno de esos casos es el del empresario Juan Manuel Pinilla, ligado con Bionix Corp., firma que también busca ser homologada.

Pero cuando se le preguntó si existía un conflicto de intereses, aseguró que las normas expedidas por la Súper no contemplan ese tipo de inhabilidades, a pesar de que, según denuncias, podría estar configurándose una especie de monopolio.

‘No hay inhabilidad’

EL TIEMPO le preguntó al gerente de CI2 sobre la posible inhabilidad por la sanción recibida, pero este aseguró que no tienen impedimento alguno para ser homologados como operadores del Sicov.

“No estamos inhabilitados y cumplimos con toda la normatividad y todos los requerimientos de la Superintendencia de Puertos y Transporte”, le dijo a reporteros de este diario Julio Enrique Sánchez, gerente de CI2.

“Fue una sanción de carácter económico, que ya fue cancelada. Pero en octubre del 2014 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió una sentencia que nos exoneró”, añadió.

No obstante, la SIC apeló el fallo del Tribunal de Cundinamarca y la sanción se mantiene en firme hasta tanto el Consejo de Estado tome una decisión de fondo a ese respecto.

Sobre el tema, la Supertransporte indicó que no conoce de sanción alguna que inhabilite a cualquiera de las cinco propuestas que le han llegado para su estudio.

En todo caso, en enero se sabrá qué empresas quedaron habilitadas y cuánto pagarán los conductores por ese monitoreo.

‘No hay límite de proponentes’

La Superintendencia de Puertos y Transporte indicó que se están evaluando cinco propuestas de empresas interesadas en homologarse para la prestación del servicio de vigilancia para los CDA y que el proceso se realiza con las resoluciones expedidas desde hace tres años.

“El proceso se inició en diciembre del 2012, con la resolución 9304 firmada por el entonces superintendente Juan Miguel Durán”, explicó la Supertransporte.

La actual administración del superintendente Javier Jaramillo, quien asumió el cargo en octubre del 2014, enfatizó en que no hay límite en el número máximo de proponentes para hacer parte de este proceso.

“Lo que busca esta administración es pluralidad y transparencia”, advirtió Jaramillo.

Fuente: El Tiempo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *